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INFORME XVII. LA QUINCALLA DE LA PAC
El incierto futuro del lácteo leonés
Ordeño
L
A POLÍTICA agraria común cuando se formuló en 1962, ya llovió, y tal como aparece en el artículo 33 del Tratado de Roma, se proponía: 1. Incrementar la productividad agrícola para garantizar así un nivel de vida equitativo a los que trabajan en la agricultura; 2. Estabilizar los mercados; 3. Garantizar la disponibilidad de los abastecimientos; y 4. Asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Estaba inspirada en la necesidad estratégica de disponer de un suministro seguro de alimentos. Se aumentó deliberadamente la producción de alimentos mediante la subvención directa de la producción, la penalización de las importaciones y las ayudas a las exportaciones.

Ocurrió, no obstante, lo inevitable. Lo que que ocurre cuando la intervención del Estado distorsiona de manera duradera los mercados. En poco tiempo los excedentes se convirtieron en un mal crónico, muy onerosos para las arcas públicas y en una fuente de conflictos con otros proveedores del mercado mundial que no dependían de las ayudas públicas. Tanto dinero fácil derivó en explotaciones irregulares muy dañinas para el medio ambiente y para las arcas públicas, al socaire del dinero fácil del Estado.

La Unión Europea resolvió sus problemas de sobreproducción agrícola estableciendo cupos lácteos, puesta en barbecho de tierras, subvenciones para mejorar la calidad de las explotaciones e incidir en el desarrollo rural con el horizonte puesto en la emancipación gradual de las ayudas públicas.

La política agrícola es una de las políticas con mayor grado de integración europea. Todo se decide en Bruselas y consecuentemente las políticas de cupos, de puesta en barbecho y de ayudas a la mejora del medio rural no se reparten con sentido de justicia y equidad. Se hace, es lógico, en función del peso y la capacidad de presión de los distintos países. Francia, tradicionalemnte, ha conseguido preservar su sobreproducción agrícola bien engrasada con dinero comunitario mientras otros países, particularmente España, ha sido tradicionalmente obligada a realizar reconversiones durísimas al amparo de muy variados argumentos. El argumento más importante en la última fase, se refería a que nuestro medio rural, muy atrasado y desvencijado, necesitaba fuertes inversiones para evolucionar y no parecían rentables. Lo que en la práctica supone políticas de desincentivación para reducir y destruir nuestro medio rural.

El Coste de la Política Agraria Común se acercó a los 40 mil millones de euros en el 2000, de los cuales 10.800 millones se destinaron al sostenimiento de los precios de mercado, 25.500 millones a ayudas directas a las producción y 4.200 millones a programas de desarrollo rural. La otra cara de la PAC es el mayor coste para los consumidores de una oferta agroalimentaria fuertemente subvencionada, con precios mucho más elevados en comparación con los precios internacionales. En el 2004 el coste de la PAC ascendió a 44.700 millones de euros. De los cuales Francia recibe 9.300 millones, España 6.300 millones, 1/3 menos, Alemania, 6.200 millones, Italia, 5.022 millones y el Reino Unido 3.900 millones. Defender la globalización y al mismo tiempo mercados fuertemente intervenidos compone una cuadro psiquiátrico bipolar, básicamente deslegitimador, para el conjunto de las instituciones comunitarias.

Los estados nacionales han sido desposeídos de competencias para actuar con autonomía para establecer políticas de protección de su medio rural, políticas que afectan a la gestión y mantenimiento del territorio propio. La PAC se ha revelado en el curso de los años, una política ruinosa, caprichosa e irresoluta para responder a los desafíos que plantea la Organización Mundial del Comercio. Se ha situado fuera de la ley y los acuerdos internacionales, es caprichosa y muy desestabilizadora. La PAC tiene los días contados, por imperativo legales y por imperativos de eficiencia, debe abandonar paulatinamente los controles de la producción y las ayudas a los precios. Necesitamos devolver la PAC al ámbito de los estados nacionales para organizar su reajuste, preparar la adaptación a la Organización Mundial del Comercio, esto es, desarmar nuestras barreras proteccionistas y arancelarias, totalmente fuera de lugar, y concentrarnos en acciones decididas para mejorar nuestro medio rural. Hay que ayudar al agricultor mejorando su entorno productivo, no su producción, ni los precios de lo que produce, favoreciendo el espíritu emprendedor y creando cadenas de valor consistentes, poco imitables que fomenten la localización de la actividad económica. Al sectro agropecuario español le ha llegado el momento de lamadurez intelectual y productiva.
Comercio Exterior Productos lácteos (en millones de €)
1995 —411,1
1996 —420,4
1997 —469,6
1998 —501,7
1999 —486,9
2000 —514,2
2001 —526,3
Fuente: MINHAC, 2002 (Francico Sineiro García)

Evolución de las explotaciones con cuota
Años Nº de explotaciones Producción toneladas
1992–93 141.500 4.944,1
2001–02 49.400 5.987,9
Producción media por explotación actual: 121,3 Toneladas
Fuente: MAPA

Necesitamos desregular el medio rural para permitir que los agricultores profesionales, en este caso los ganaderos, puedan crecer y expandirse para competir en igualdad de condiciones que el resto de países europeos en el mercado europeo y mundial. Recibir continuamente cartas del Ministerio de Agricultura o de la Consejería de turno invitándote a abandonar el sector cuando acabas de realizar fuertes inversiones es lo más parecido a una puñalada pública por la espalda. León ha sido tradicionalmente una provincia ganadera. ¿Por qué tendría que dejar de serlo?. ¿Qué sentido acometer planes de asentamiento en el medio rural si por encima de tu vocación, tu decisión, tu continuado trabajo para sobrevivir en el mercado tienes que hacer acopio de fuerzas para sobrevivir también a los reglamentos y a tu propia administración?

Tenemos que apostar, sobre todo los leoneses, por el medio rural profesional y por la gestión integral del territorio. Situación que nada más puede hacerse desde los estados nacionales y las administraciones regionales y provinciales. Es un contradios pretender hacerlo desde Bruselas. Los ciudadanos europeos nos merecemos otra cosa. Los intereses de Francia no constituyen por sí solos causa suficiente para no desmantelar la PAC. Francia, como el resto de países, tendrá que hacer su reconversión. Los presidentes franceses siempre han presumido de la extraordinaria complejidad de un país con más de 200 tipos de queso. No digo que no. Pero sigue sin ser argumento suficiente para no desmantelar la PAC. Me parece excelente que los franceses dispongan de más de 200 tipos de queso y un excelente I+D para soportar dicho tejido industrial lácteo. Si tal situación sale del bolsillo del resto de Europa y muy particularmente de España, la situación deja de ser atractiva
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